Con la llegada del verano aumentan los desplazamientos, el turismo y el consumo en establecimientos de hostelería, ocio, transporte o instalaciones recreativas. También se incrementan las incidencias relacionadas con la negativa de algunos comercios y entidades a aceptar pagos en efectivo, una práctica que, con carácter general, puede vulnerar la normativa de protección de las personas consumidoras cuando el pago se realiza dentro de los límites legalmente establecidos.
Desde la Federación UNAE, recordamos que el efectivo es un medio de pago de curso legal y que los establecimientos abiertos al público deben aceptarlo en las operaciones permitidas por la ley. Coincidiendo con la temporada estival, organizaciones especializadas han advertido de la persistencia de reclamaciones relacionadas con el rechazo injustificado del dinero en efectivo.
¿Cuáles son los límites legales para pagar en efectivo?
Es importante diferenciar entre el derecho a pagar en efectivo y los límites máximos que la legislación establece para determinadas operaciones. La existencia de un límite legal no autoriza a un establecimiento a rechazar el efectivo cuando el importe de la operación se encuentra dentro de dichos márgenes.
Actualmente, la normativa española establece que:
- Hasta 1.000 euros cuando en la operación intervenga un empresario o profesional (por ejemplo, una compra en un comercio, un restaurante, un taller o cualquier otro establecimiento que ejerza una actividad económica). Este límite se refiere al importe total de la operación, por lo que no puede eludirse fraccionando el pago en varios abonos.
- Hasta 10.000 euros cuando el pagador sea una persona física que no tenga su domicilio fiscal en España y no actúe como empresario o profesional, una excepción prevista principalmente para facilitar las compras de turistas extranjeros.
- Entre particulares que no actúan como empresarios o profesionales, la limitación de 1.000 euros no resulta aplicable, sin perjuicio de otras obligaciones legales que puedan existir en materia fiscal o de prevención del blanqueo de capitales.
Por ello, si un consumidor realiza una compra en un establecimiento por un importe inferior al límite legal aplicable, el comercio no puede imponer, con carácter general, la tarjeta bancaria o el teléfono móvil como única forma de pago. El efectivo continúa siendo un medio de pago reconocido por la legislación y su rechazo injustificado puede dar lugar a la correspondiente reclamación ante las autoridades competentes.
¿Qué hacer si un establecimiento rechaza el efectivo?
Si un comercio, empresa o entidad pública o privada se niega a aceptar el pago en efectivo sin que exista una causa legal que lo justifique, recomendamos:
- Solicitar una explicación por escrito o conservar cualquier prueba de la negativa.
- Pedir la hoja oficial de reclamaciones.
- Presentar la correspondiente reclamación ante las autoridades de consumo de su comunidad autónoma.
- Comunicar el caso a través del canal de denuncias de la Plataforma Denaria, que recopila incidencias relacionadas con la imposibilidad de pagar en efectivo.
Canal de denuncias de Denaria
Las personas consumidoras que hayan sufrido una negativa injustificada al pago en efectivo pueden comunicar su caso a través del siguiente enlace:
Un derecho que protege la inclusión
El uso del dinero en efectivo sigue siendo esencial para millones de personas, especialmente personas mayores, consumidores vulnerables o ciudadanos que prefieren este medio de pago por razones de accesibilidad, privacidad o control de sus gastos. Garantizar su aceptación contribuye a una sociedad más inclusiva y evita situaciones de discriminación en el acceso a bienes y servicios.
Desde la Federación UNAE animamos a todos los consumidores a conocer sus derechos y a denunciar cualquier práctica que limite injustificadamente el uso del efectivo dentro de los márgenes legales, contribuyendo así al cumplimiento de la normativa y a la protección de los derechos de la ciudadanía.